Los temas de la desaparición y búsqueda de personas, la atención a víctimas, la crisis de fosas clandestinas y la delicada situación de los cuerpos sin identificar en Guanajuato están presentes, pero no parecen ser prioridad, en la agenda de las tres candidatas a la gobernatura: Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano, Alma Alcaraz de Morena-Verde-PT y Libia García, favorita en las encuestas, del PAN-PRI-PRD.

Aun así, en sus planes de Gobierno, que aquí vamos a revisar respecto de este tema y que están disponibles en las páginas cada una, sí hay una serie de metas o, en ciertos casos, planteamientos más o menos concretos para abordar partes de la problemática, aunque a estas alturas las buenas intenciones, los objetivos esbozados o la sensibilidad hacia el tema ya no son suficientes. 

El camino recorrido por las buscadoras en pocos años ha sido largo, arduo y denso, por lo que hasta este 2024 sus exigencias, cada vez más, se han ido puntualizando y afinando, se han ido extendiendo de campo e implementando, gracias a su impulso, su organización y trabajo en los territorios y las comunidades, de la mano de algunas organizaciones solidarias que las han acompañado, y de reformas legislativas a nivel local. 

Sus propuestas, experiencias, aprendizajes y repertorios de acción son factores imprescindibles para poder ver alguna luz al final del túnel guanajuatense de la violencia, sin embargo, no ha habido foros, sesiones públicas o discusiones políticas acordes con al tamaño del desafío durante estas campañas electorales sobre el problema de la desaparición y la búsqueda de personas. 

Desde su labor legislativa, Libia Denise García, diputada del PAN en el Congreso local entre 2018 y 2021, y Yulma Rocha, diputada del PRI en la legislatura local 2021-2024, han trabajado de cerca con varios colectivos y la sociedad civil sobre la creación, en el caso de Libia, y la reciente reforma, en el caso de Yulma, de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato. Menor, sin duda, ha sido la presencia en este campo de Alma Alcaraz, también legisladora local en el último trienio. Libia García, como Secretaria de Gobierno y, en el último año, como Secretaria de Desarrollo Social, ha mantenido relación estrecha con algunas representantes de los colectivos. 

Algunas se hicieron presentes de alguna manera en su campaña, ya sea grabando mensajes testimoniales o participando en un flamante consejo asesor de seguridad. En 2021 y 2022, además, se mantenían todavía mesas de trabajo periódicas entre todas las agrupaciones de buscadoras y la Secretaría de Gobierno, misma que tuvieron resultados limitados y fueron abandonadas por el sucesor de García, Jesús Oviedo. Otras integrantes del movimiento en el estado, por otro lado, manifestaron en redes que la lucha por las y los desaparecidos y los colectivos no deben ser “botín político”, aludiendo tanto al ámbito nacional como al estatal.

Más polémica fue la implementación del “Programa Mujeres Grandeza” con las “Tarjetas Rosas” que implementó García en la segunda mitad del 2023 y en 2024, pues una cantidad de las mismas fue canalizada a las propias mujeres buscadoras, como parte de los sectores beneficiarios. La entrega de la Tarjeta Rosa, ya en tiempos de campañas, ha sido denunciada por la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, como presunto delito electoral, instando al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a investigarlo. Finalmente, esta cuestión en sí palidece frente a la realidad violenta que vivimos y, sobre todo, la que viven quienes buscan sin protección a su familiar en territorios fuera de control. 

En Guanajuato, hay más de cuatro mil personas desaparecidas, siete veces más que en 2018. La relación de las autoridades con los 26 colectivos de búsqueda no siempre ha sido fluida y paritaria, pues se ha ido mermando su capacidad de incidencia concreta en la política pública y en las formas de actuar y de trabajar de las instituciones. La situación de fosas clandestinas está desbordada. 

Centenares de cadáveres no identificados están mal resguardados en las fosas comunes de los municipios, pero las cifras y los registros que mantienen los ayuntamientos y la Fiscalía no coinciden, son confusos, incompletos y, desde luego, no permiten que se desarrolle una búsqueda oportuna para casos de larga data. 

No han sido creados los registros estatales previstos en las leyes y, entre otras, la propuesta de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato para crear un Instituto Guanajuatense de Ciencias Forenses, autónomo de la Fiscalía estatal, mediante reforma constitucional, ha sido ignorada. 

Las buscadoras se encuentran desprotegidas en un escenario de violencia masiva y de alto impacto, pues el estado a la fecha sigue encabezando la lista de los más mortíferos de la República. Nueve personas que buscaban a su familiar han sido asesinadas en el sexenio y una, Lorenza Cano de Salamanca, sigue desaparecida. 

Decenas más han padecido desplazamientos forzados, amenazas, acoso del crimen organizado o de autoridades, y deben vivir bajo resguardo policiaco o de mecanismos de protección federales y estatales poco eficaces. Las carencias materiales se suman a la falta de atención jurídica y psicosocial acumuladas dentro de un enfoque eminentemente paternalista por parte del Estado. 

Las buscadoras, o las personas más activas y más visibles de los colectivos, no son consideradas como personas defensoras de derechos humanos por las autoridades, ni como un grupo especial, en riesgo y merecedor de protección y condiciones ad hoc para seguir ejerciendo su labor humanitaria: ésta no sólo suple, sino que sustituye o anticipa, la del propio Estado. 

El sistema de asesorías jurídicas en las carpetas no funciona, ya que toda la carga de seguir los casos ha pasado de la Fiscalía a la comisión de atención a víctimas, la cual todavía no cuenta con personal suficiente para esta tarea, y el seguimiento de los casos de Acciones Urgentes presentadas ante la ONU no da los resultados esperados. 

A la luz de este contexto podemos revisar las propuestas de las candidatas.

Yulma

Yulma Rocha y el Plan de Gobierno de Movimiento Ciudadano plantean, en el capítulo 14, titulado “Priorizar la atención a la desaparición de personas”, avanzar con procesos de justicia transicional: “Las buscadoras guanajuatenses exigen justicia transicional para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos, principalmente la desaparición de personas”.

Se denuncia “la acumulación de agravios en contra de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad, víctimas de la violencia”, ya que el Gobierno está “rebasado en todos los límites humanos”, dado el aumento de los homicidios y las desapariciones, la impunidad, el poder de los cárteles y la inacción de las autoridades. La denuncia se extiende al mismo Estado como “omiso” y “cómplice” de estos agravios. 

La propuesta se basa en la perspectiva de derechos humanos y de justicia transicional, afirmando que, ante la excepcionalidad de esta situación, la justicia ordinaria no basta para llegar a la reparación del daño y a la no repetición de graves violaciones, principalmente la desaparición de personas, así que hace falta desde el primer día de Gobierno “una estrategia de justicia que recupere la memoria y se haga cargo de la verdad” y que deje atrás “el enfoque punitivo asociado a la impartición de justicia para delitos no graves” y “abone a la construcción de paz”. Una base del sistema sería la “colaboración de la ciudadanía” y formas de “consulta ciudadana activa”, además de las instituciones de seguridad y del poder judicial.

No se expresa exactamente el cómo, pero se propone dar “prioridad a las víctimas del delito en los procesos de resolución y reparación del daño, para que reciban el acompañamiento y la atención necesarias en el acceso a la justicia”. Por ejemplo, no hay planteamientos concretos sobre la crisis de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, el Sistema Estatal de Víctimas, las responsabilidades de los municipios en la materia y de todas las instituciones que lo conforman y que lo han “normalizado” paulatinamente en estos años.

En la lectura de las propuestas, el tema de las desapariciones como tal se va desdibujando y se inserta en el marco de la atención a víctimas y en un planteamiento, muy válido y necesario en México, pero todavía bastante genérico en el texto, de “justicia transicional”: la premisa da por sentado que se trata de una exigencia propia de las buscadoras, interpretando o rescatando, de alguna manera, ciertos elementos de sus luchas históricas, pero dejando de lado muchos más factores y posibles propuestas que tendrían mayor utilidad operativa e inmediata. 

¿Cómo fomentar decididamente la cooperación de personas detenidas por crímenes relacionados con las desapariciones para que entreguen información relevante para la ubicación de las mismas? ¿Qué modalidades y mejores mecanismos activar para la búsqueda permanente o periódica de información, pistas y personas dentro de anexos, centros penitenciarios, hospitales y refugios? ¿Cómo proteger más a las buscadoras y con qué criterios otorgar las medidas desde las instituciones estatales en lo inmediato? ¿Qué tipo de coordinación macrorregional e intergubernamental se va establecer en todas estas problemáticas? Si se reconocen como un sector en riesgo y protegido, como defensoras, pero además como trabajadoras humanitarias en labores que la sociedad necesita realizar, pero el Estado no cumple a cabalidad, ¿qué tipos de reconocimiento y marcos legales y simbólicos se pueden instrumentar, de forma participativa con colectivos y sociedad civil, para valorarlo?  

Alma

La desaparición está incluida en el plan de Alma Alcaraz dentro del capítulo “II. REFORMA INTEGRAL AL SISTEMA DE JUSTICIA ESTATAL”. En el apartado “A. Reforma integral a la Fiscalía General del Estado”, se plantea la “Remoción e Investigación del Fiscal Zamarripa a través de una Comisión de la Verdad”, retomando, sin precisarla, la idea de una justicia transicional que, sin la indicación de sus componentes y de rutas concretas, queda más como declaración de intenciones que como política pública. Se propone una “Reorganización y ampliación de sus dependencias conforme a delitos especializados como género, desaparición de personas, incumplimiento familiar o ambiental”: en tema de desaparición, ya existe y opera desde 2018 la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición, así que sería bueno conocer las propuestas de reforma y potenciamiento de la misma, más allá de los propósitos interesantes del plan acerca de mejorar la capacitación y selección de los Ministerios Públicos, en donde otro problema no mencionado ha sido, más bien, su rápida alternancia o poca duración en el cargo.

Es valiosa la propuesta de una “Mesa Permanente con Colectivos de Búsqueda y Organizaciones para seguimiento a casos”, pero queda bastante desdibujada y genérica, poco clara en sus objetivos y alcances, pues me refiero a que mesas de discusión o de trabajo ha habido, tanto con Gobierno como con Fiscalía, pero lo que ha faltado es que éstas creen mecanismos reales de incidencia, metodologías compartidas y aprobadas con certeza de criterios y roles, capacidad de cambio de protocolos, lineamientos, prácticas y acciones de las autoridades, construcción participativa de análisis de contexto y de herramientas verdaderamente útiles para las personas buscadoras y la sociedad. 

Así que queda algo vago el concepto o meta de “seguimiento de casos”. Si se tratara de carpetas de investigación, el sujeto principal de la interlocución debería ser la Fiscalía, pero sería importante el papel del poder ejecutivo también para la coordinación, la garantía del proceso de dialogo y porque las comisiones de búsqueda y de víctimas estatales dependen de la Secretaria de Gobierno. Asimismo, falta mencionar el aspecto de la participación conjunta y de la coordinación, más allá de estas autoridades y de los colectivos, de las demás dependencias del nivel municipal y estatal cuyo interés y actuación en el tema ha sido menguante.

En el punto “E. Promoción a la denuncia con acompañamiento cercano, profesional y personalizado. Ministerios Públicos eficientes, dotándolos de tecnología para integración de carpetas y las víctimas puedan consultar el avance de sus denuncias”, la propuesta no difiere mucho de la de Yulma Rocha, aunque se agrega en seguida que “acompañaremos permanentemente a las víctimas del delito y a familiares de las personas desaparecidas”, mencionando un tema, desde luego, fundamental como el “apoyo psicológico y emocional, económico, logístico y de seguridad”. Se extraña, igual, un detalle, alguna meta más precisa, un camino claro a seguir para cumplir con estos acometidos. 

Ya no hay marca aquí y en el plan de Yulma Rocha de la propuesta que planteó la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato en 2022 y 2023 ante el Congreso local, apoyada en su momento por Morena, para crear un Instituto Guanajuatense de Ciencias Forenses autónomo, retomando los modelos de Jalisco y Coahuila.

Si bien me parece fundamental seguir haciendo hincapié en atender las causas estructurales de las violencias, con énfasis en las personas más pobres, lo cual representa un eje de análisis y acción tanto de Alma Alcaraz como de Sheinbaum a nivel nacional, el enfoque y su comunicación ya no son suficientes en materia de desapariciones y, dado el camino recorrido en años recientes por el movimiento de buscadoras y colectivos en Guanajuato y en todo México, las propuestas deben de aterrizarse y discutirse mucho más, con un enfoque de derechos, sí, pero integral, participativo y focalizado a la vez. 

Es decir, la desaparición y búsqueda de personas son problemas complejos y multifactoriales que tienen causas y actores muy diversos, que adquieren expresiones y generan respuestas sociales distintas y todavía poco comprendidas en Guanajuato por los actores políticos de todos los partidos, por lo que requieren de planteamientos interdisciplinares, complejos, participativos, sociales y potentes en su comunicación y despliegue. 

Libia

La candidata de PRI-PAN-PRD dedica un apartado para el “Apoyo a mujeres buscadoras” que no tiene introducción o contexto específico, es muy directo y reporta un decálogo de iniciativas que, en parte, habían sido retroalimentadas con la mayoría de las representantes de los colectivos durante una reunión y con encuestas de seguimiento: 1. Programa estatal de búsqueda participativa y regional; 2. Centro forense de identificación humana con enfoque masivo, humanista y contextualizado; 3. Fortalecimiento interinstitucional de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y células municipales; 4. Grupo especial de búsqueda de personas desaparecidas; 5. Protección a buscadoras fuera del contexto de búsqueda; 6. Coordinación en la búsqueda regional con los estados colindantes; 7. Unidad de análisis de contexto para la búsqueda de personas; 8. Mecanismo de seguridad de búsqueda. 9. Edificar en Salvatierra el memorial para las personas desaparecidas; 10. Sistema estatal de búsqueda en línea.

El decálogo, aunque es muy escueto y no da a entender exactamente qué se va a realizar en concreto para cada punto, contiene un listado preciso y varias peticiones de las propias personas buscadoras y organizaciones en el Estado. Es el único plan que explícitamente da entrada a la reivindicación por un sitio de memoria en Salvatierra, aunque lamentablemente desde 2021, año en que el colectivo Ángeles de Pie por Ti lo solicitó, no ha habido avances, aun estando García en la Secretaria de Gobierno. Así que lo prometido es doblemente deuda y debería saldarse con pleno respeto de la autonomía del colectivo y de los planes que ha formulado para el sitio y que han sido ignorados por el municipio y el Estado. 

Igualmente, un centro forense estatal, para funcionar, debe de respetar las mejores prácticas y contar con independencia, personal y estructuras, lo que representa un desafío importante y puede originar conflictos con la Fiscalía y bloqueos a la reforma constitucional para su implementación. 

El hincapié en planes y cooperaciones regionales parece hacer eco de varias peticiones, por ejemplo, las del movimiento de los colectivos de la Unión Regional de Búsqueda del Bajío y de las propuestas para planes regionales de búsqueda y de coordinación entre todas las autoridades en el Bajío y Occidente. Sin embargo, habrá que ver en qué consiste, pues en todas las leyes en la materia se menciona como obligación de las autoridades, pero no ha tenido mucha aplicación. La seguridad tanto en búsqueda como en las comunidades de residencia de las buscadoras es un asunto delicado, en el que hubiera sido importante visualizar con más precisión un calendario y criterios para la adopción de medidas eficaces y rápidas. Finalmente, la mención al análisis de contexto es otro elemento fundamental, pero, como para todas las demás, se trata de temáticas que estaban y están en la mesa hace tiempo y no han sido atendidas adecuadamente, por lo que queda la duda de si de verdad lo serán y de qué manera después del voto.

Creo que la mejor propuesta para Guanajuato debería simplemente reunir las tres y ampliarlas, profundizarlas, discutirlas y, después de que estén puntualizadas y articuladas en un plan estatal sobre desaparición y búsqueda, hacerlas operativas en colaboración con las víctimas, las organizaciones de sociedad civil y los colectivos de búsqueda. La justicia transicional y la memoria, el ataque de raíz a las violencias estructurales y la coordinación, un sistema de búsqueda eficaz con protección y planes regionales son los ejes respectivamente de Yulma Rocha, Alma Alcaraz y Libia García, ante esta problemática que no para.

Un aspecto que quedó marginado en las propuestas es la prevención, de la mano de sensibilización hacia la sociedad: prevención de las desapariciones y de la violencia en contra de las buscadoras, difusión y potenciación de la información y las herramientas a disposición de la ciudadanía y programas de socialización sobre todo esto en escuelas, centros de trabajos, dependencias públicas, entre otras. En el estado las autoridades no desarrollan análisis serios de estos fenómenos, así que lo que no se mide ni se conoce a fondo no va generando respuestas adecuadas. 

Asimismo, aun desde visiones y puntos de partida distintos, es común a las tres candidatas el énfasis sobre el papel de las mujeres, teniendo en cuenta que la mayoría de las integrantes de los colectivos son mujeres, y el reconocimiento de las múltiples discriminaciones que enfrentan, agraviadas por la desaparición de un familiar y la consecuente hostilidad de su entorno inmediato. Gane quien gane, se necesitará de mucha cooperación, escucha, análisis, coordinación y dialogo sin simulación, dentro y fuera del estado, con sus vecinos y la Federación, después del 2 de junio para comenzar a vislumbrar salidas realistas. 

Se dice fácil, pero esto ha faltado durante años y, mientras todavía en 2020 había negación oficial de la presencia de fosas clandestinas en la entidad y de la gravedad de las desapariciones, se fue moviendo algo solo cuando comenzaron a integrarse y a luchar los 26 colectivos que hoy conforman un movimiento plural y reivindicativo en Guanajuato. 

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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